El cambio climático representa en la actualidad una enorme desafío para la humanidad. Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) han descrito que los cambios esperados en el clima incluyen el aumento de las temperaturas, cambios en las precipitaciones, la elevación del nivel del mar, y la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos que producen mayor variabilidad climática. Estos impactos producirán importantes cambios en la biodiversidad, y aumentarán la intensidad de incendios, plagas y enfermedades. El acuerdo de París busca que los gobiernos logren reducir el alza de la temperatura global a 1.5 °C al 2030 comparado con la era preindustrial, sin embargo, aún logrando limitar el alza del 1,5 ºC según la ONU el cambio climático ocasionará el ingreso a la pobreza de 120 millones de personas al 2030. Lograr reducir el alza de la temperatura global a 1.5º en vez de 2º salvaría a 40 millones de personas del hambre y a 270 millones de sufrir de escasez hídrica.
A pesar de los impactos que ya se perciben alrededor del mundo y la abundante evidencia científica que existe sobre los devastadores efectos que el cambio climático tendrá hacia el futuro, los gobiernos han sucumbido a los intereses de las corporaciones y no han impulsado las políticas de mitigación y adaptación necesarias para, por una parte reducir las emisiones de gases efecto invernadero y por otra, atenuar los impactos ya inevitables aún logrando el objetivo de 1,5º al año 2030. Como se observa en el mapa, de 31 países analizados, sólo Gambia y Marruecos se dirigen a cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. China, Estados Unidos y la Unión Europea, son los 3 mayores emisores de gases efecto invernadero a nivel global, con un 25%, 18% y 13% respectivamente. A pesar de la gran responsabilidad que poseen estos países, por ser los principales causantes del calentamiento global, los objetivos de Estados Unidos para hacer frente al cambio climático han sido calificadas por el informe Climate Action Tracker de críticamente insuficientes, esto significa que si todos los países actuaran como Estados Unidos la temperatura global aumentaría sobre los 4º al 2030. Los compromisos de China han sido calificados en el mismo informe como altamente insuficientes, es decir, si todos los países tuvieran políticas similares a China, la temperatura global aumentaría entre 3º y 4º a 2030. Por último, los objetivos de la Unión Europea han sido considerados como insuficientes ya que si sus objetivos ante el cambio climático fueran aplicados a nivel global, la temperatura subiría sobre los 2º en el mismo período de tiempo.
En el caso de Chile, si bien es un país que aporta un porcentaje menor de los gases efecto invernadero globales, al considerar sus emisiones per cápita estas están al nivel de países como Francia o Italia. Además, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, toda vez que reúne siete de las nueve condiciones frente al impacto del cambio climático establecidos por Naciones Unidas: áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.
El rol clave de la energía
Al nivel global se estima que sobre el 70% de los gases efectos invernadero causantes del cambio climático provienen del sector energético. En el caso de Chile, en la pasada COP24 de Katowice Polonia, el gobierno presentó su Tercer Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático que a su vez contenía el quinto Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei). Este inventario establece que en Chile el sector energético es el responsable del 78% del total de emisiones (87.135,6 kt CO2 eq) de gases efecto invernadero, debido principalmente al uso de carbón mineral y diésel para la generación eléctrica y el consumo de combustibles en el transporte.
Entonces si sabemos que la desfosilización del sector energético juega un rol clave en lograr una disminución efectiva de los impactos del cambio climático, cabe hacerse la pregunta ¿por qué no ha sido posible acelerar el proceso de transición energética desde energías fósiles a renovables? La respuesta aparece por una parte en los intereses geopolíticos que operan en torno al petróleo, gas y carbón y también enormes intereses económicos de las grandes corporaciones. Por otra parte, la pasividad tanto de los gobiernos para afrontar una salida planificada de las energías fósiles a 2030, como de la ciudadanía para exigir a los gobiernos actuar y también a jugar un rol activo en la transición energética.
Durante los últimos años hemos visto un enorme crecimiento de las energías renovables alrededor del mundo empujado principalmente por la importante caída en los precios de estas tecnologías. Unos pocos gobiernos han generado incentivos a las energías renovables y/o incentivos para la descarbonización de la matriz energética, principalmente para la salida de termoeléctricas a carbón del sistema. Sin embargo, la mayoría de los países ha optado por dejar que sean las empresas las que otorguen los tiempos de retiro de las centrales a carbón, y que sea el mercado el que regule su reemplazo por energías renovables. Este modelo ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los desafíos urgentes que el cambio climático impone. Un claro ejemplo de lo anterior, lo hemos visto hace algunas semanas cuando el gobierno de Chile, presenta su plan de retiro de la totalidad de las termoeléctricas a carbón recién al 2040, y ponía especial énfasis en que dicho plan había sido acordado voluntariamente con la empresas y no significaría desembolso alguno de recursos estatales.
La COP25 será la última antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de París en 2020, por lo tanto, se llevarán a cabo importantes negociaciones entre gobiernos, en las que la sociedad civil juega un papel prácticamente nulo y cuyo resultado seguramente no arrojará mayores sorpresas. Por lo tanto parte importante de la relevancia que adquiera la COP25 se desarrollará más afuera que adentro de esta, y radicará en la fuerza con que la sociedad civil, y la ciudadanía en general, logre manifestar a los gobiernos de Chile y el resto del mundo, que el capitalismo verde no es la salida a la crisis del cambio climático, y que una transición energética justa y democrática es necesaria y posible.
